Debe haber una responsabilidad para el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), pues la auditoría realizada a la gestión del ex alcalde de Zinacantepec, Leonardo Bravo, no se sustentó en normas de auditoría pública debidamente aprobadas, de ahí el resultado que se tuvo, de una sentencia de año y medio de cárcel, conmutable a 4 mil 500 pesos.
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