El vocero del Grupo Parlamentario del PRD, Roberto Río Valle, denunció que unos 10 mil trabajadores del Estado de México podrían perder su vivienda, pues sus asuntos han sido turnados a despachos privados para que cobren los adeudos, lo cual, dijo, es ilegal, ya que los créditos son otorgados a plazos de 20 y 30 años, de acuerdo con las cotizaciones y aportaciones de los empleados.
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