Amnistía Internacional (AI) consideró que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya descartado la presunta responsabilidad de altos funcionarios federales y estatales en los agravios cometidos en San Salvador Atenco viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de México.
“México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan”, indicó en un comunicado.
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