El gobierno mexiquense propuso reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con las cuales, la conclusión de la administración estatal o municipal en la cual fueron contratados los trabajadores, será causa de terminación de la relación de trabajo, a fin de evitar demandas laborales de quienes sean despedidos por las nuevas autoridades.
Asimismo, se disminuyen los términos en diversos trámites de la justicia laboral, como en la presentación de una demanda, en la rescisión de una relación laboral y en la solicitud para la ejecución de los laudos, a fin de evitar que por la tardanza en los procedimientos se generen salarios caídos que puedan afectar las finanzas de los gobiernos municipales o estatal.
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