La corrupción de un charlatán que se hace pasar por abogado litigante, un magistrado del Tribunal Unitario Agrario número nueve y los miembros de la mesa directiva del Ejido Zinacantepec ponen en riesgo el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) para la modernización y ampliación de la vialidad Solidaridad-Las Torres, el cual aprobó la pasada Legislatura local y para el que, se sabe, el Grupo Carso de Carlos Slim Helu, ya hizo público su interés.
Los manejos irregulares del señor Rafael Lara de Jesús, quien se ostenta como abogado con una Cédula Profesional que la Secretaría de Educación Pública ya comprobó que es falsa, en contubernio con el magistrado Jorge Gómez Silva Cano, titular del Tribunal Unitario Agrario número 9, con sede en Toluca, permitieron que la mesa que encabeza el Comisariado Ejidal de Zinacantepec desviara más de 120 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó por concepto de afectaciones a los predios de uso agrícola que se pretenden utilizar para ampliar la vialidad Solidaridad-Las Torres.
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