El gobierno mexiquense propuso castigar con mayor rigor a quienes ataquen a una mujer embarazada, cometan violación hacia los adultos mayores y a quienes incurran en el delito de rapto. También prevé tipificar como delito la violación entre cónyuges y homologar la edad mínima para que hombre y mujer puedan casarse a los 16 años.
A través de una iniciativa de reformas a cinco códigos y seis leyes en materia penal, civil, administrativa, municipal, de derechos humanos y asistencial, en busca de garantizar la equidad de género, el Ejecutivo impulsa varios ajustes, entre ellos, establecer como causal de divorcio necesario la violencia familiar y el maltrato físico o mental hacia alguno de los integrantes de la familia.
Además, para evitar que los responsables de delitos como rapto, estupro y violación por equiparación evadan su castigo a través del matrimonio, se propone eliminar la hipótesis en que se advertía que el responsable no sería procesado si se casaba con su víctima, pues esos señalamientos son un atentado a la dignidad e inteligencia de la mujer.
Otras propuestas son que en los casos de maltrato familiar se establezcan dos medidas de seguridad a petición del Ministerio Público: separar provisionalmente al agresor del núcleo familiar para dar mayor seguridad a las víctimas y obligarlo a recibir tratamiento para su rehabilitación, a fin de que no reincida en esas conductas.
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